Synopsis

This report closely examines access rights to environmental decision making in four countries: Cameroon, Paraguay, Philippines, and Sri Lanka.

Executive Summary

For more information, and to watch a webcast of the launch of "A Seat at the Table," visit the Access Initiative website.

En Español

Decisions that have significant environmental and social consequences are often made without the involvement of those whose interests are directly at stake. For poor people whose lives and livelihoods often depend on natural resources, and who are therefore most vulnerable to environmental risks, the consequences of exclusion can be especially severe. Weak access to decision-making may expose poor communities to high levels of pollution, remove them from productive land, and deprive them of the everyday benefits provided by natural resources.

The three pillars of sound decision-making for the environment that are key to responding to the challenge of providing “access” are: access to information, public participation, and access to justice. Many countries, regardless of their level of economic development, have promoted these pillars as policy aspirations or as enforceable legal rights. Yet even where progress has been significant, more work remains if such laws are to be implemented in a way that is meaningful to all citizens, especially the poor.

To better understand the obstacles to access facing the poor, and the efforts by governments to reach this population, the World Resources Institute (WRI) and its civil society organization (CSO) partners in The Access Initiative (TAI) closely examined access rights and practices in four countries—Cameroon, Paraguay, Philippines, and Sri Lanka.

The case studies highlighted in this report cover a range of environmental concerns including water quality, land use, data availability, and the use or absence of environmental impact assessments (EIAs). The findings and literature review show that the poor in these countries face a daunting array of barriers to access, including low literacy, high costs (including the costs of corruption), exposure to risk from participation, and lack of documentation of legal identity or rights to a resource that is necessary to influence decisions. Additionally, cultural norms that limit who may speak in public disproportionately exclude the poor.

The case studies also provide examples where civil society organizations, community groups, and - most importantly - governments have taken steps to overcome these barriers. Based on the findings and literature review, we have identified six poverty-related barriers to access to decision-making and proposed eight categories of policy responses to overcome these barriers. Importantly, a general lack of access to information for all citizens had a commensurately larger impact on access to information for the poor.

En Español

Las decisiones que tienen consecuencias medioambientales y sociales significativas suelen ser tomadas sin la participación de aquellas personas cuyos intereses están directamente en juego. Para las comunidades vulnerables cuyas vidas y medios de subsistencia suelen depender de recursos naturales, y quienes, por lo tanto, están más expuestas a los riesgos medioambientales, las consecuencias de la exclusión pueden ser particularmente severas. Un acceso precario a la toma de decisiones puede exponer a las comunidades vulnerables a altos niveles de contaminación, apartarlos de tierras productivas, y privarlos de los beneficios cotidianos que los recursos naturales les proveen.

Los tres pilares de la toma de decisiones sobre el medioambiente que resultan claves para responder adecuadamente al desafío de dar “acceso” son: el acceso a la información, la participación pública, y el acceso a la justicia. Muchos países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, han promovido estos pilares como objetivos de sus políticas públicas o como derechos legales vinculantes. Sin embargo, aun ahí donde el progreso ha sido significativo, hay mucho por hacer si se desea que las leyes que norman los derechos de acceso sean implementadas de una manera que resulte significativa para toda la ciudadanía, y especialmente para los grupos vulnerables.

Para aportar a una mejor comprensión de los obstáculos al acceso que afectan a las comunidades vulnerables, y de los esfuerzos que los gobiernos pueden hacer por alcanzar a esa población, el Instituto de Recursos Mundiales y sus socios de la organización de la sociedad civil La Iniciativa de Acceso examinaron detenidamente los derechos y prácticas de acceso en cuatro países—Camerún, Paraguay, Filipinas y Sri Lanka.

Los estudios de caso destacados en este informe cubren una variedad de asuntos medioambientales incluyendo la calidad del agua, el uso de la tierra, la disponibilidad de datos, y el uso o ausencia de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Los hallazgos de la investigación y la bibliografía revisada muestran que en estos países los grupos vulnerables enfrentan un abanico enorme de barreras para ejercer sus derechos de acceso, incluyendo el bajo alfabetismo,
los altos costos (incluidos los costos de la corrupción), la exposición a los riesgos de la participación, y la falta de documentos de identidad o del derecho a algún recurso necesario para participar o influir en la toma de decisiones. Adicionalmente, las normas culturales que definen quiénes pueden hablar en público excluyen a los grupos vulnerables desproporcionalmente.

Los casos de estudio también proveen ejemplos en los que organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, y –más importante– algunos gobiernos han dado pasos para superar o eliminar estas barreras. En base a los hallazgos y la revisión bibliográfica, hemos encontrado seis barreras al acceso a la toma de decisiones que se relacionan con la pobreza y propuesto ocho categorías de medidas de política pública (policy responses) que sirven para superarlas (ver Tabla 1). Es importante señalar que la falta generalizada de acceso a la información por parte de la ciudadanía tiene un impacto apreciablemente más alto en la falta de acceso a la información por parte de los grupos vulnerables.